14 ene. 2016

Legalizar o no legalizar, ¿esa es la cuestión?

El amparo concedido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (SMART) para consumir marihuana con fines recreativos ha conferido seriedad y relevancia al debate en torno a la legalización de las drogas como mecanismo neutralizar los índices de violencia y criminalidad asociados al narcotráfico en México.

No obstante, más allá del dilema de legalizar o no la producción, comercialización y consumo de marihuana, que es la única droga que ha suscitado una suerte de frente común internacional en contra del prohibicionismo gubernamental, hay una realidad más compleja. Y es que, en efecto, el narcotráfico y la drogadicción son dos problemas que pueden ser enfocados desde múltiples ángulos de los cuales, a su vez, surgen múltiples explicaciones e igualmente múltiples intentos de solución vinculados todos ellos a la prohibición y al combate punitivo, pero apenas muy poco a la prevención. En este sentido es muy atinado el diagnóstico de Pablo Girault, integrante de la asociación amparada por la Corte, cuando afirma que “la política prohibicionista no ha generado ni un solo bien, sino muchos males, incluyendo más de 100 mil muertos, 70 mil desaparecidos, 270 mil desplazados (…) El tema de fondo no es si podemos fumar marihuana o no… no quiero que me lo diga el Estado, sino yo decidirlo” [El Universal, 05/11/2015].

De modo que un paso previo al dilema de la legalización o no de las drogas y a su respectivo debate es diferenciar claramente entre narcotráfico y drogadicción, pues aunque son problemas vinculados cada uno precisa tratamientos diferenciados; amén de que tener clara la distinción ayuda a elevar el nivel argumentativo del debate y evitar dislates tan lamentables como el del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, quien haciendo gala de su doctoral desinformación declaró hace poco que las “elites empresariales o gubernamentales” y no el Poder Judicial serían las que decidirían sobre el amparo a SMART.

Así pues, en el caso de la drogadicción la cuestión no es si la legalización elevará los índices de adictos, agravando con ello un problema de salud pública, sino adicionalmente a la política de prohibición qué ha hecho el Estado para evitar que dichos índices crezcan. A juzgar por las estadísticas parece que muy poco, pues según datos de la encuesta más reciente sobre adicciones publicada en 2011, el consumo de drogas ilegales en México se duplicó en una década al pasar de 0.8 a 1.5% entre personas de 12 a 65 años de edad. Pero no sólo eso. Según estimaciones de especialistas en salud pública de la UNAM, el consumo de marihuana ya supera al del tabaco en 18 estados del país; además de que la edad promedio de consumo ha disminuido de los 15 a los 12 años de acuerdo con información recabada por Instituto para la Atención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA). Estos datos obligan no sólo a reflexionar sobre la eficacia de las políticas de prevención, sino a preguntarse algo todavía más básico que es porqué las personas se están drogando a edades más tempranas, cuáles son las causales del entorno social, familiar e individual que están empujando a los niños y jóvenes a consumir drogas, pues no se trata únicamente de falta de información.

Por otra parte, en lo que hace al problema del tráfico de drogas la legalización sería una solución parcial, probablemente no tan efectiva para paliar todos los efectos de la problemática de criminalidad que circunda a esa actividad que hasta ahora ha sido afrontada como un problema de seguridad pública, empleando a la fuerza policial y militar para combatir a la estructura operativa de los cárteles con el objetivo de debilitar su capacidad de fuego, pero se ha hecho muy poco en el aspecto medular que es el financiero, a tal punto que la DEA ha llegado a estimar que en la economía nacional hay un excedente de entre 9 mil y 10 mil millones de dólares no justificados por una fuente legítima de ingresos. En otras palabras, se ha hecho muy poco en el combate al lavado de dinero.

Una solución integral tendría que pasar necesariamente por enfocar al narcotráfico como lo que realmente es: una actividad altamente lucrativa que genera ganancias anuales de alrededor de 40 mil millones de dólares, según cálculos de algunas agencias internacionales y centros académicos. Al respecto, paradójicamente el combate policíaco-militar lejos de vulnerar esta faceta del fenómeno la encarece, pues el decomiso de un cargamento propicia que el valor del siguiente aumente por los costos logísticos (nuevas rutas, nuevos métodos de embalaje, incremento de las sumas destinadas a la corrupción o cooptación de las autoridades locales, etcétera) y la inelasticidad de la demanda. Sin embargo esta solución también tendría que acompañarse de una estrategia para sustituir  las entradas de dinero ilícito por dinero lícito a la economía, a fin de que cuando el tráfico de drogas eventualmente deje de ser una actividad comercial fuertemente atractiva, se compense el flujo de ingresos que se dejaría de recibir por concepto de trasiego de estupefacientes, así como para poder incorporar a la economía formal y legal al poco más de medio millón de personas que participan actualmente de forma directa en la economía narca (en este sentido la revista Este País estimó en 2009 que el narcotráfico era el quinto empleador más grande de México).

Asimismo, para debilitar al narcotráfico como negocio altamente rentable dicha solución tendría que mapear con claridad la ruta del dinero. Y es ahí donde el riesgo de pisar cayos de gente “decente” se volvería muy alto, porque implicaría rastrear en el sistema bancario el origen y destino de esos recursos. De ahí quizá la persistencia gubernamental en la estrategia reactiva de combate policial y el aparente poco impulso a las investigaciones de inteligencia financiera.

Visto desde esta amplia perspectiva, el dilema de legalizar o no la marihuana parece muy menor, pero lo importante es que con el fallo de la Corte -así sea por el momento limitado únicamente a las cuatro personas integrantes de SMART- se ha elevado el nivel del debate, obligando al Legislativo y al Ejecutivo a enfocar el problema desde nuevos ángulos para idear e implementar soluciones diferentes a la punición y la prohibición.  


O al menos eso es lo que parece. 

Publicado en El Imparcial 06/11/2015

La violencia que no cede

En días recientes dos acontecimientos locales trascendieron hacia lo nacional y conmocionaron a la opinión pública debido a que tienen como denominador común la violencia. Se trata de la aparición de un cuerpo sin vida pendiendo de un paso vehicular elevado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal y el linchamiento de dos jóvenes encuestadores en Ajalpan, Puebla.

Además de las implicaciones sociales y políticas, ambos casos son significativos por su coincidencia temporal pero principalmente porque denotan dos expresiones de violencia que dan cuenta del nivel de disfuncionalidad y anomia prevaleciente en ciertos sectores de la sociedad, así como de la penetración generalizada de este fenómeno en el tejido social.

En el primero de los casos las características del homicidio, la forma de darlo a conocer y la intencionalidad de este último acto no dejan lugar a dudas de que hay una abierta disputa entre bandas de narcotraficantes por el control territorial de determinadas zonas del Distrito Federal. De modo que por más que la autoridad local se empeñe en negar que los grandes cárteles de la droga operan en la capital del país, el impacto mediático del acontecimiento le inyecta una fuerte presión al gobierno de la ciudad para reconocer el problema y enfrentarlo con las  medidas adecuadas.

No obstante, lo que más debería de preocupar a la opinión pública además de la sensación de inseguridad respecto a la integridad física que no se había sentido en la Ciudad de México, ni siquiera en los años más álgidos de la denominada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, es el nivel de ensañamiento mostrado en la ejecución del “colgado de Iztapalapa” -como le han llamado algunos medios de comunicación a éste caso- porque da cuenta de un gravísimo nivel de descomposición social en el cual la noción de dignidad de la persona ha desaparecido por completo.

En el caso de los jóvenes encuestadores linchados en Ajalpan, Puebla, amén de la indignación producida por la incapacidad de la autoridad municipal para hacerse valer ante una turba enfurecida y abdicar de su función de aplicar la ley, lo más preocupante es la constatación de que los niveles patológicos de violencia no son exclusivos de los cárteles de narcotraficantes, sino también de personas ordinarias que cegadas por el miedo y la ignorancia pueden cometer atrocidades amparadas bajo el anonimato y la impunidad que brinda la multitud.

Dado que ambos casos comparten como factor común la violencia extrema, es propicio reflexionar respecto a la eficacia de la estrategia ejecutada por el Estado para afrontar este fenómeno desde la perspectiva de la seguridad pública. En este sentido hay que consignar que se trata de medidas reactivas que no atienden el fondo del problema que es la genealogía social de la violencia, es decir las circunstancias o situaciones subyacentes en la sociedad que han propiciado el surgimiento de comportamientos criminales ya no necesaria o primordialmente asociados y/o explicados a partir de la situación socioeconómica de quienes los realizan, sino del resentimiento social que su condición de precariedad les produce. En otras palabras, parece que en los días y los años que corren ya no se delinque para sobrevivir a la pobreza, sino para vengarse de la sociedad.

Así pues, el carácter reactivo de la estrategia estatal de seguridad pública se expresa en los intentos de mitigar la violencia con más violencia, sólo que ésta última institucionalizada por la autoridad a través de más efectivos policíacos y armamento, sin contar con -o ignorando la existencia de- diagnósticos que identifiquen las causas específicas del problema. De esta manera, no importa si la violencia está asociada a la disputa territorial entre bandas de la delincuencia organizada; o al miedo, la zozobra y la ignorancia de una localidad alejada de los centros urbanos, la medida siempre es la misma: enviar más policías a la zona donde se registra problemática, sea para azuzar la escalada de violencia con más enfrentamientos, sea para apaciguarla temporalmente.

Sin embargo, más allá de la ejecución de determinados programas de rescate de espacios públicos principalmente en zonas urbanas, no se ha visto un análisis  sociológico que identifique las causas específicas que están produciendo niveles de sociopatía como los mostrados por los sicarios al servicio de los carteles del narcotráfico en sus ejecuciones, o por una turba de habitantes de una comunidad sumida en la miseria y el miedo.

El que un grupo de personas -sicarios o pobladores enfurecidos- sea capaz de someter, torturar y asesinar a otras personas sin sentir el menor remordimiento, conmiseración o culpa, es indicativo de altísimos niveles de resentimiento, odio y ausencia o incapacidad de discernimiento ético; lo cual, a su vez, implica que algo en la estructura social no está funcionando bien o ha dejado de funcionar. Y no se trata únicamente de la desigualdad e inequidad producidas por el sistema económico, como sostiene con cierta dosis de ingenuidad un sector de la izquierda cuando explica/justifica que la inseguridad y la delincuencia derivan de la pobreza que pervierte la bondad innata de los seres humanos.

No. Se trata de cuestiones más complejas, como el desmedido aspiracionismo hacia un estilo de vida francamente incosteable para amplísimas capas de la sociedad fomentado por los medios de comunicación; la disfuncionalidad de la familia como célula básica del tejido social; o la ineficacia de la escuela como centro difusor de valores cívicos y éticos, por no hablar del socavamiento de la autoridad de los profesores.

En tanto no existan políticas públicas que atiendan estos problemas, la estrategia reactiva implementada por el Estado para mitigar los niveles de violencia continuará arrojando resultados muy limitados y esa entelequia denominada legalidad seguirá siendo sólo una utópica aspiración de febriles mentes ilustradas. 

Publicado en El Imparcial 23/10/2015

El lejano 2018 y los futurismos del presente


Hace unas semanas en un evento de la industria acerera realizado en la Ciudad de México, los asistentes a uno de los paneles de trabajo cuestionaron con mucho interés a un reconocido comentarista político acerca de los posibles candidatos presidenciales hacia 2018, a lo que éste respondió que aun era muy prematuro pensar en aspirantes definitivos, pero que sin duda uno que estará en la boleta electoral de junio de ese año será Andrés Manuel López Obrador como candidato del partido que él mismo fundó. Pero de eso a que tenga posibilidades reales de ganar ya es otra historia que depende de muchos factores, los más de ellos ajenos al propio López Obrador. Y si bien el 2018 aun está muy lejos, no está de más plantear algunas consideraciones que le orienten a usted, estimado lector, en el intento de comprender el complejo panorama que se observa de aquí a esa fecha.

Así pues, lo primero que hay que tener en cuenta es que el universo de aspirantes pese a parecer demasiado amplio, en realidad se circunscribe a los actores que actualmente se desenvuelven en el escenario político nacional; esto es, que difícilmente podrá surgir un aspirante fuerte a la silla presidencial de los candidatos –principalmente a gobernadores- que triunfen en los comicios locales de 2016 y 2017. Aunque el control territorial que adquieran los partidos a partir de los resultados de esas elecciones será un factor estratégico para la articulación de las estrategias de campaña y por consiguiente, de sus posibilidades de triunfo.

A partir de esa premisa fundamental es que las encuestadoras han comenzado a realizar algunas mediciones, en las cuales es necesario aprender a diferenciar entre el nivel de conocimiento de un personaje y su intención real de voto. Así, el que un aspirante sea el más conocido no significa que sea el que concentra la intención más alta del voto, pues ésta depende entre otros factores de los niveles de aceptación (conocidos como “positivos”) o de rechazo (“negativos) de su imagen. El caso de López Obrador es muy ilustrativo de esta situación. En varias encuestas aparece como el aspirante más conocido, pero también como el que más negativos concentra (ya si las encuestas están bien diseñadas o responden a una intencionalidad específica de quien las realiza o quien paga su realización, es otro aspecto que quizá en alguna otra oportunidad se podría abordar en este espacio). Lo anterior se refleja en su intención real de voto que está por debajo del 30% y concentrada principalmente en zonas urbanas del centro-sur del país.

Por otra parte y pese a que discursivamente por lo menos desde los años noventa del siglo pasado los partidos mexicanos se movieron hacia el centro, la inclinación ideológica de la sociedad mexicana hacia el centro-derecha también es un factor que influye en forma decisiva en la conformación de la preferencia efectiva del tal o cual aspirante. Para sustentar esta afirmación basta con observar que en las últimas tres elecciones presidenciales (2000, 2006 y 2012) el PRI y el PAN han sumado en promedio más del 65% de la votación nacional, y si bien el PRI es un partido perteneciente a la Internacional Socialista que agrupa a los partidos de izquierda del mundo, en los programas de gobierno diseñados e implementados por los representantes surgidos de este partido se observa claramente un cariz conservador.

Por lo que hace a una eventual candidatura independiente para la Presidencia de la República, en la cual la opinión pública coloca a personajes como el recién estrenado gobernador de Nuevo León, el ex titular de la SER Jorge Castañeda o al ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, lo cierto es que lejos de contribuir a superar la atadura institucional de la democracia mexicana a los partidos políticos, podría propiciar la continuidad de uno de estos en el poder debido a la fragmentación del voto, ante la cual la disciplina y la lealtad partidista además del control territorial que mencionamos líneas arriba, se vuelven factores estratégicos para sacarle el mayor provecho a ese situación pues en un escenario de una votación fragmentada la capacidad de movilización y el tamaño de las clientelas de los partidos se vuelve crucial. De ahí la conveniencia de que en un futuro no muy lejano se tenga que discutir con seriedad la introducción de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial, con la cual se evitaría el triunfo de un candidato con menos del 30% de la votación.


En tanto, las posibilidades de que un fenómeno político-electoral como el del “Bronco” se pueda replicar a nivel nacional son muy acotadas. 

Publicado en El Imparcial 09/10/2015