El 15 de agosto de
2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversas
disposiciones del Artículo 69 Constitucional a efecto de que a partir de ese
mismo año el Presidente de la República se limitara a enviar por escrito su
informe anual sobre el estado de la administración pública y evitara acudir el
1 de septiembre a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones al
Palacio Legislativo. Esto con la finalidad retórica por parte de los
legisladores que impulsaron la reforma, de acabar con el denominado “Día del
Presidente” de los tiempos de la hegemonía política priista.
Sin embargo, si se
observa un poco el contexto que propició la presentación, debate y aprobación
de esa reforma, resulta que detrás del argumento retórico había un sentimiento
de agravio y una actitud de mezquindad e inmadurez política, además de una
carencia de vocación democrática y republicana hacia las formas de relación
entre los poderes constituidos. Esto porque el móvil real de la citada reforma fue
el atropellado proceso electoral de 2006, en el cual el entonces presidente
Vicente Fox desempeñó un lamentable papel de parcialidad no tanto a favor del
candidato de su partido, Felipe Calderón, sino en contra del candidato de las
izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Esa indebida
intromisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
sugirió que pudo haber influido en el resultado de la elección, fue la causa
de que los legisladores de oposición
-principalmente el bloque conformado por el PRD, PT y Convergencia, hoy
Movimiento Ciudadano- le impidieran al presidente Fox leer en la tribuna de la
Cámara de Diputados el mensaje que había preparado con motivo de su último
informe de gobierno.
Al año siguiente, con
el encono todavía muy marcado, el presidente Felipe Calderón sólo se limitó a
entregar por escrito su informe en un recinto legislativo casi vacío.
Ese fue el contexto
real que propició la reforma, sólo que fue recubierto con la demagógica
pretensión de acabar con una anquilosada “celebración faraónica” en la cual,
más que rendir cuentas, el Presidente derrochaba presunción. Curiosamente, uno
de los grupos parlamentarios más entusiastas en la promoción de la reforma que
acabó con lo que algún ocurrente llamó el “Día del Presidente”, fue el del PRD.
Ahora, ocho años después, este mismo partido ha propuesto
en voz del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano, que el Presidente de la República regrese al Congreso a dialogar con
los legisladores.
Pasando por alto el
oportunismo político de Zambrano y suponiendo sin conceder que la clase
política ha alcanzado la madurez y civilidad necesarias para evitar hacer de la
visita del Presidente al Congreso un espectáculo circense, se trata de una
propuesta sensata que rescataría la esencia republicana del acto de informar e
incluso podría ir más allá, hacia un diálogo institucional y una auténtica
rendición de cuentas a la Nación (representada por los diputados) y a la
Federación (representada por los senadores).
Por otra parte, la
sensatez y la civilidad no anulan la controversia y la polémica expresada tal
vez con aspereza, pero también y principalmente con solidez argumentativa; pues
sólo de esa manera se evitaría una actitud triunfalista por parte del Presidente
y, por el contrario, se fomentaría una mayor sensibilidad a la crítica
constructiva. Sin embargo, se observa complicado que en la actual coyuntura
reformar nuevamente la Constitución en este sentido sea una prioridad.
Por otra parte, el
decálogo de acciones anunciado por el presidente Peña Nieto durante el mensaje
con motivo de la presentación de su Tercer Informe de Gobierno tiene múltiples
lecturas y ese era precisamente su objetivo; es decir, que tanto los medios de
comunicación como los demás actores políticos se concentraran en analizar las
acciones propuestas para dejar en segundo término no sólo los pálidos resultados
de su tercer año de mandato -repetidos incesantemente para que a fuerza de
costumbre los ciudadanos terminemos creyendo que son verdaderos y tangibles- sino
principalmente el entorno crítico en lo económico, lo político y lo social, que
resulta difícil discernir si es causa o efecto de las acciones y omisiones de
su gobierno; es decir, la inestabilidad del tipo de cambio, la baja en los
precios del petróleo, la lenta recuperación económica perceptible solamente en
los indicadores estadísticos pero no en la realidad cotidiana, la inseguridad
imperante en amplias regiones del país, la autocensura de los medios de
comunicación motivada por el temor y las violaciones a los derechos humanos
cometidas por distintas corporaciones y
agencias gubernamentales de seguridad pública.
Pero más allá de ese
efecto distractor, lo cierto es que esas acciones tienen un evidente tinte
electoral y adolecen de un contradictorio diseño de origen, pues por una parte
el Presidente anuncia acciones de austeridad y un presupuesto base cero para
2016, pero por la otra propone crear una secretaría de cultura que en los
hechos significa más burocracia y por tanto más gasto corriente destinado al
pago de salarios y gastos operativos. Lo electoral, en tanto, está fincado en
el anuncio de la rehabilitación de la infraestructura escolar, en la inversión
para desarrollar las zonas económicas especiales en el sur del país y en los
apoyos a los pequeños productores, que básicamente son subsidios para crear y/o
consolidar clientelas electorales.
En fin, que un análisis más detallado del
contenido del mensaje presidencial requiere de más espacio del disponible. Así
que en resumidas cuentas baste decir que en caso de hacerse realidad la
propuesta de que el Presidente regrese al Congreso para rendir cuentas se
evitaría la consolidación del 2 de septiembre como el “Día de la
Autocomplacencia Presidencial”.
Publicado en El Imparcial 06//09/2015
No hay comentarios.:
Publicar un comentario