20 oct. 2015

Iguala a un año ¿fue el Estado? 2 de 3

Como recordará el estimado lector, en la colaboración anterior articulamos dos intentos de respuesta a la consigna enarbolada por diversos sectores de la sociedad encabezados por los familiares de las víctimas y los estudiantes normalistas desaparecidos en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A partir de una noción mínima de lo que es el Estado planteamos en ambas respuestas la existencia de indicios claros de la participación de éste, ya sea por acción u omisión, en los acontecimientos que acenturaron la crisis de confianza y credibilidad en las instituciones y procedimientos de procuración de justicia, además de causar un considerable daño a la imagen internacional de México y a la narrativa con la cual el Gobierno Federal había pretendido promocionar al país como un atractivo destino de inversión, luego de la aprobación de las reformas estructurales realizadas durante los dos primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En esta segunda entrega el objetivo es profundizar en el déficit de confianza institucional prevaleciente en el país como problema estructural, el cual en tanto no sea atendido constituirá el principal riesgo para la implementación de las reformas, así como para la estabilidad y la gobernabilidad en el corto y mediano plazo.

Pero antes es conveniente hacer una precisión analítica en el sentido de que responder afirmativamente a la pregunta de si el Estado tuvo responsabilidad en los hechos de Iguala no es una toma de posición política, sino una conclusión derivada de un razonamiento lógico conceptual de los acontecimientos, en el cual a partir de la información disponible se puede observar que en el nivel municipal el Estado ha sido minado por la delincuencia organizada a tal punto que los servidores públicos de esa esfera responden prioritariamente, sea por miedo o por cooptación, a los intereses de los grupos criminales; lo cual produce la paradoja de que mientras en el nivel más alto (federal) el Estado ha hecho esfuerzos para combatir a la delincuencia, en el ámbito de lo local ésta tiene el poder de controlar a las autoridades municipales y de someter a regiones enteras. Así es como se explica que en éste nivel el Estado haya tenido responsabilidad activa en los acontecimientos de Iguala y en otro (el federal) haya incurrido en una responsabilidad pasiva por su tardía reacción, así como por la falta de sensibilidad, talento y eficacia para conducir las investigaciones ministeriales del caso y la procuración de justicia.

Al respecto hay que mencionar que el desempeño institucional del Estado mexicano cuando menos en el último siglo se ha caracterizado por recurrentes episodios de disfuncionalidad que han desembocado en crisis políticas, sociales y económicas debido a una distorsión de origen persistente a lo largo de ese amplio periodo que es la corrupción, la cual invariablemente ha dado al traste –en la etapa de implementación- al más avanzado diseño institucional que los legisladores y funcionarios gubernamentales hayan podido confeccionar. Y por supuesto, a la corrupción está ligada la ausencia casi generalizada de una cultura de la legalidad en la sociedad mexicana, que asociada a la desconfianza prevaleciente produce una triada perversa que constituye una debilidad estructural, a partir de la cual surgen otras fallas como la impunidad y la incapacidad del Estado para cumplir su tarea fundamental de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos y, por tanto, su déficit de legitimidad expresado en la reticencia de éstos para continuar reproduciendo la dinámica de mando-obediencia.

En este contexto es en el que se explican algunas estadísticas relacionadas con la confianza y la percepción de eficacia de las corporaciones policíacas en el país, como las publicadas en 2014 por México Unido Contra la Delincuencia, según las cuales cuatro de cada 10 mexicanos considera “muy peligroso” ayudar a la policía de su localidad a realizar su trabajo; o las difundidas ese mismo año por el INEGI en el sentido de que casi el 70% de los mexicanos considera “poco” o “nada efectivo” el desempeño de las policías estatales y municipales.

Pero ahí no para el problema. Por lo que hace al siguiente eslabón del proceso de procuración de justicia que son los ministerios públicos la situación es muy similar. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 indican que el 58% de los mexicanos tienen “poca” o “nada” de confianza en los ministerios públicos y las procuradurías. Desde luego, esta situación en gran medida se debe a la impunidad imperante en el sistema de procuración e impartición de justicia, pues tan sólo en el fuero común de los casi 20 millones de denuncias presentadas entre 2000 y 2012 sólo se dictaron poco menos de millón y medio de sentencias condenatorias, es decir, menos del 1%.

Así pues, a partir de esta consideraciones se puede entender la reticencia de los familiares las víctimas de Iguala y de amplios sectores de la opinión pública a aceptar la “verdad histórica” de los hechos ofrecida por la PGR, así como la credibilidad y aceptación que ha tenido el informe acerca de las investigaciones ministeriales realizado por un grupo de presuntos expertos en ciencias forenses, el cual ha servido de excusa para desplazar los elementos técnicos con argumentos políticos que respaldan o condenan determinadas posiciones de los actores involucrados en el tema.

De modo que a partir de estos lamentables acontecimientos que han exhibido el nivel real de desarrollo político en México y el grado de penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de autoridad, sustentado en la corrupción y la impunidad, es factible concluir que en tanto no se ataque la triada perversa corrupción-desconfianza-endeble cultura de la legalidad, inevitablemente persistirá la debilidad institucional. En eso nos enfocaremos en la última entrega de esta colaboración.

Publicado en El Imparcial 27/09/2015 

Iguala a un año ¿fue el Estado? 1 de 3

El próximo 26 de septiembre se cumple un año de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que según estimaciones no oficiales perdieron la vida siete personas, veintisiete más resultaron heridas y al menos 43 se encuentran desaparecidas.

Como es sabido, en los acontecimientos estuvieron involucrados un grupo de estudiantes de una escuela normal rural ubicada en Ayotzinapa, las corporaciones policíacas de los municipios de Iguala y Cocula, dos células de la delincuencia organizada en disputa por el control político y criminal de la región y el alcalde de Iguala de filiación perredista; aunque presuntamente por omisión también habrían estado involucrados otros funcionarios públicos estatales de Guerrero, lo que obligó a que en el momento más álgido de las reacciones y movilizaciones sociales nacionales e internacionales que desencadenó este acontecimiento, solicitará licencia a su cargo el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre, quien tres años atrás había ganado la elección luego de renunciar al PRI y ser postulado por el PRD.

La tardía reacción del Gobierno Federal ante lo que en un primero momento evaluó como un conflicto local provocó una serie de críticas y acusaciones por parte no sólo de los agraviados, sino también y principalmente de sus adversarios políticos, quienes contrastaron el discurso oficial de transformación entendida como modernización, fundamentalmente dirigido hacia el exterior para ensalzar el Mexican Moment, con la situación de violencia y vulnerabilidad del estado de Derecho en amplias regiones del país.

En medio de ese contexto comenzó a cobrar fuerza la idea de que el Estado mexicano tenía responsabilidad en los acontecimientos, en gran medida por el antecedente reciente de junio de 2014 en el cual presuntamente el Ejército habría  “abatido” (es el verbo oficialmente empleado en el caso) a un grupo de delincuentes en una comunidad perteneciente al municipio de Tlatlaya, Estado de México. Fue así como apareció la consigna “#FueElEstado” en las movilizaciones que durante los meses siguientes a los hechos de Iguala ocurrieron en varias ciudades del país y del mundo, dando pauta a un debate a medio camino entre lo académico y lo ideológico entre intelectuales militantes en el oficialismo y la oposición.

Hasta ahora dicho debate no se ha resuelto, pero la distancia temporal y la disponibilidad de mayor información dan pauta para revisitarlo desde una perspectiva analítica desprovista, en la medida de lo posible, de inclinaciones hacia una u otra posición con el objeto de allegar a usted, estimado lector, de elementos mínimos para formarse un juicio equilibrado.

Así pues, en principio habría que considerar que hay múltiples definiciones de Estado elaboradas en su mayoría desde perspectivas prescriptivas de lo que debería de ser y no de lo que realmente es. Sin embargo, para no entrar en vicisitudes conceptuales que propicien más confusión que claridad, hay que decir que el Estado es la organización política que se da la sociedad a sí misma, o bien, en que le es impuesta desde el exterior. Esta organización ha tomado múltiples formas a lo largo de la Historia en función del grado de complejidad organizativa de la propia sociedad (tribus, comunidades, feudos, etc), pero siempre articulada a partir de la distinción de los roles fundamentales de mando y obediencia. Así, en cualquier Estado siempre hay un grupo de individuos, generalmente reducido, que ejerce funciones de mando y otro grupo, generalmente amplio, que obedece.

No obstante, esa relación se articula a partir de un arreglo fundacional en el cual el grupo mayoritario se compromete a obedecer a cambio de que el grupo minoritario que manda le garantice el derecho a la vida, o si quiere enfocar de la siguiente manera: la garantía de no sufrir una muerte violenta; para lo cual le autoriza el uso exclusivo de la fuerza a fin de castigar a quienes pretendan vulnerar ese acuerdo.

A partir de esta breve noción estamos en posibilidad de preguntarnos si el Estado mexicano tuvo responsabilidad alguna en los hechos de Iguala y al respecto podemos articular dos intentos de respuesta.

En el primero de ellos habría que considerar que si con la consigna “#FueElEstado” se pretende dar a entender que éste fue el autor material del crimen y la desaparición forzada, la respuesta es sí, porque la policía municipal de Iguala disparó en contra de los autobuses en los que viajaban las víctimas y según la información recaba en las investigaciones ministeriales, habría colaborado con una de las bandas criminales en la desaparición forzada de 43 estudiantes. De modo que al ser el municipio la célula básica de un Estado de tipo federal como lo es el mexicano y al ser la policía la institución encargada del ejercicio exclusivo de la fuerza, existen elementos claros para inferir que sí hubo una participación activa del Estado en los acontecimientos. No obstante, si en la referida consigna por Estado se entiende únicamente al Gobierno Federal como responsable directo, parece que el empleo del concepto tiene una intencionalidad política mas no explicativa.

Por otra parte, en el segundo intento de respuesta habría que considerar si la responsabilidad del Estado es por omisión de su obligación de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, en cuyo caso se tendría que responder afirmativamente: sí, fue el Estado. Pero en esa lógica lo fue no sólo en el caso de Iguala sino en muchos otros en los que su debilidad y la torpeza de los operadores de sus instituciones han causado que regiones enteras se encuentren sumidas en la incertidumbre y la inseguridad por el asedio sistemático de bandas criminales.


Así pues, cuando un Estado falla en su responsabilidad fundamental es indicio de su debilidad estructural, esto es, de que algo en sus cimientos ha dejado de funcionar, o en el caso mexicano de que nunca ha funcionado por distorsiones de origen, como la corrupción que da pauta a la impunidad, a la pérdida de confianza institucional y consiguientemente a la falta de obediencia por carencia de legitimidad. Pero en esto profundizaremos en la próxima colaboración.

Publicado en El Imparcial 20/09/2015

14 sep. 2015

PRD. Estas ruinas que ves

Transcurrieron 23 años desde aquel lejano 5 de mayo de 1989, fecha de la fundación formal del PRD como resultado de una coalición de pequeños partidos, organizaciones civiles y varios ex priistas de izquierda encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, hasta el 10 de septiembre de 2012, cuando en un acto multitudinario realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, ex dirigente nacional y ex candidato presidencial perredista anunció la renuncia a su militancia en el partido, significando con ello la fractura del único experimento relativamente exitoso de unificación de la izquierda mexicana.

Posteriormente, en noviembre de 2014 la debacle del denominado “partido del sol azteca” se hizo mucho más patente con la renuncia pública de Cuauhtémoc Cárdenas, hasta entonces considerado el líder moral del partido, en medio de una profunda crisis de credibilidad e imagen de éste a raíz de los hechos violentos de Iguala, Guerrero, en los cuales quedó de manifiesto el contubernio existente entre el alcalde de extracción perredista y el crimen organizado para perpetrar la matanza y desaparición de decenas de estudiantes normalistas opositores a su administración.

No obstante, el inicio del declive del PRD es muy anterior a estos acontecimientos y es posible rastrearlo desde 2008 cuando la corriente interna mayoritaria Nueva Izquierda –periodísticamente conocida como “Los Chuchos”- llegó a la dirigencia nacional del partido y comenzó a implementar una estrategia de alianzas político-electorales demasiado pragmática, en la cual la afinidad ideológica y la probidad pública de sus candidatos a diversos puestos de elección popular quedaron en segundo plano ante su nivel de competitividad y posibilidades de triunfo.

Pero no sólo eso. También en el ámbito parlamentario desplegaron una línea de colaboracionismo inescrupuloso a cambio de concesiones presupuestales para sus gobernadores y alcaldes, hasta llegar al punto culmen que catalizó la pérdida de cohesión e identidad cristalizado en el Pacto por México, con cuya participación legitimaron una serie de reformas contra las cuales históricamente se habían opuesto por resultar contrarias a sus postulados ideológicos.

Los resultados electorales del pasado 5 de junio fueron la última advertencia de que el partido había llegado al filo del precipicio al perder poco más de 30 curules en la Cámara de Diputados principalmente ante MORENA, el partido formado por López Obrador, la gubernatura de Guerrero ante el PRI como castigo del electorado por el tema de Iguala, y ocho jefaturas delegacionales en el Distrito Federal ante MORENA y el PRI, en gran medida como resultado de la errática administración de Miguel Ángel Mancera quien irónicamente ni siquiera es militante perredista.

Esta situación propició que las corrientes minoritarias solicitaran la renuncia de Carlos Navarrete al frente del partido, a fin de iniciar un proceso de reflexión y reconstrucción del mismo bajo la conducción de un nuevo liderazgo con capacidad para unificar y conciliar a los diferentes grupos y neutralizar el riesgo de convertirse en la cuarta fuerza política desplazados por el Partido Verde, con lo cual no quedaría lugar a dudas del corrimiento del electorado hacia el centro-derecha y correspondientemente del sistema de partidos.

Sin embargo este proceso de reconstrucción no ha sido del todo atinado y más bien se ha caracterizado por la improvisación y la falta de claridad respecto a la estrategia para lograr tal objetivo. Muestra de ello es la ocurrencia de ofrecer la dirigencia nacional a personajes de la sociedad ajenos ya no se diga a la militancia partidista sino a la izquierda, ignorando o pasando por alto a los cuadros internos formados durante años de militancia sin que necesariamente implique que sean personajes de otra época histórica, como en su momento sí lo fueron Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo o el propio López Obrador.

Pero lo más preocupante es que la búsqueda de este nuevo liderazgo pareciera no estar enfocada a hallar un perfil de fuertes convicciones democráticas que renueve la visión y organización del partido, sino a encontrar a un padre providente que conduzca a las “tribus” infantiles ávidas de orientación y tutela. En otras palabras, pareciera que este partido y en general el resto de las organizaciones partidistas de la izquierda mexicana aún no han alcanzado un nivel de institucionalización tan sólido que les permita sobrevivir ante la ausencia de su líder máximo y/o fundador.

Y es tal y tan apremiante esa necesidad, que la llegada de un personaje tan gris y tan menor en la política y en la intelectualidad como lo es Agustín Basave, ha sido recibida con gran entusiasmo y esperanza en el PRD, a tal punto que diferentes corrientes internas y militantes destacados han enviado señales en el sentido de que podría ser el próximo dirigente.


Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parecen, pues quien quiera que sea el personaje que asuma la dirigencia perredista tendrá que pasar necesariamente por la aduana de la competencia en un proceso interno que le otorgue legitimidad, margen y capacidad de operación política. De otra manera el remedio podría resultar más riesgoso que la enfermedad y de ser el caso, entonces al PRD le quedaría muy a modo de descripción del estado crítico por el que atraviesa, la frase que intitula una de las novelas de Jorge Ibargüengoitia: estas ruinas que ves.

Publicado en El Imparcial 13/09/2015

El Día de la Autocomplacencia Presidencial

El 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversas disposiciones del Artículo 69 Constitucional a efecto de que a partir de ese mismo año el Presidente de la República se limitara a enviar por escrito su informe anual sobre el estado de la administración pública y evitara acudir el 1 de septiembre a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones al Palacio Legislativo. Esto con la finalidad retórica por parte de los legisladores que impulsaron la reforma, de acabar con el denominado “Día del Presidente” de los tiempos de la hegemonía política priista.

Sin embargo, si se observa un poco el contexto que propició la presentación, debate y aprobación de esa reforma, resulta que detrás del argumento retórico había un sentimiento de agravio y una actitud de mezquindad e inmadurez política, además de una carencia de vocación democrática y republicana hacia las formas de relación entre los poderes constituidos. Esto porque el móvil real de la citada reforma fue el atropellado proceso electoral de 2006, en el cual el entonces presidente Vicente Fox desempeñó un lamentable papel de parcialidad no tanto a favor del candidato de su partido, Felipe Calderón, sino en contra del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.

Esa indebida intromisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sugirió que pudo haber influido en el resultado de la elección, fue la causa de  que los legisladores de oposición -principalmente el bloque conformado por el PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano- le impidieran al presidente Fox leer en la tribuna de la Cámara de Diputados el mensaje que había preparado con motivo de su último informe de gobierno.

Al año siguiente, con el encono todavía muy marcado, el presidente Felipe Calderón sólo se limitó a entregar por escrito su informe en un recinto legislativo casi vacío.

Ese fue el contexto real que propició la reforma, sólo que fue recubierto con la demagógica pretensión de acabar con una anquilosada “celebración faraónica” en la cual, más que rendir cuentas, el Presidente derrochaba presunción. Curiosamente, uno de los grupos parlamentarios más entusiastas en la promoción de la reforma que acabó con lo que algún ocurrente llamó el “Día del Presidente”, fue el del PRD. Ahora, ocho años después, este mismo partido ha propuesto en voz del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, que el Presidente de la República regrese al Congreso a dialogar con los legisladores.

Pasando por alto el oportunismo político de Zambrano y suponiendo sin conceder que la clase política ha alcanzado la madurez y civilidad necesarias para evitar hacer de la visita del Presidente al Congreso un espectáculo circense, se trata de una propuesta sensata que rescataría la esencia republicana del acto de informar e incluso podría ir más allá, hacia un diálogo institucional y una auténtica rendición de cuentas a la Nación (representada por los diputados) y a la Federación (representada por los senadores).

Por otra parte, la sensatez y la civilidad no anulan la controversia y la polémica expresada tal vez con aspereza, pero también y principalmente con solidez argumentativa; pues sólo de esa manera se evitaría una actitud triunfalista por parte del Presidente y, por el contrario, se fomentaría una mayor sensibilidad a la crítica constructiva. Sin embargo, se observa complicado que en la actual coyuntura reformar nuevamente la Constitución en este sentido sea una prioridad.

Por otra parte, el decálogo de acciones anunciado por el presidente Peña Nieto durante el mensaje con motivo de la presentación de su Tercer Informe de Gobierno tiene múltiples lecturas y ese era precisamente su objetivo; es decir, que tanto los medios de comunicación como los demás actores políticos se concentraran en analizar las acciones propuestas para dejar en segundo término no sólo los pálidos resultados de su tercer año de mandato -repetidos incesantemente para que a fuerza de costumbre los ciudadanos terminemos creyendo que son verdaderos y tangibles- sino principalmente el entorno crítico en lo económico, lo político y lo social, que resulta difícil discernir si es causa o efecto de las acciones y omisiones de su gobierno; es decir, la inestabilidad del tipo de cambio, la baja en los precios del petróleo, la lenta recuperación económica perceptible solamente en los indicadores estadísticos pero no en la realidad cotidiana, la inseguridad imperante en amplias regiones del país, la autocensura de los medios de comunicación motivada por el temor y las violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas corporaciones  y agencias gubernamentales de seguridad pública.

Pero más allá de ese efecto distractor, lo cierto es que esas acciones tienen un evidente tinte electoral y adolecen de un contradictorio diseño de origen, pues por una parte el Presidente anuncia acciones de austeridad y un presupuesto base cero para 2016, pero por la otra propone crear una secretaría de cultura que en los hechos significa más burocracia y por tanto más gasto corriente destinado al pago de salarios y gastos operativos. Lo electoral, en tanto, está fincado en el anuncio de la rehabilitación de la infraestructura escolar, en la inversión para desarrollar las zonas económicas especiales en el sur del país y en los apoyos a los pequeños productores, que básicamente son subsidios para crear y/o consolidar clientelas electorales.

En fin, que un análisis más detallado del contenido del mensaje presidencial requiere de más espacio del disponible. Así que en resumidas cuentas baste decir que en caso de hacerse realidad la propuesta de que el Presidente regrese al Congreso para rendir cuentas se evitaría la consolidación del 2 de septiembre como el “Día de la Autocomplacencia Presidencial”. 

Publicado en El Imparcial 06//09/2015

2 sep. 2015

Cambiar para que todo siga igual

Los largamente esperados y finalmente anunciados ajustes al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto generan una percepción de superficialidad e insuficiencia frente a un panorama económico, político y social demasiado complejo tanto en lo doméstico como en el entorno global.

Hasta antes del anuncio realizado por el propio Presidente de la República el pasado jueves, las expectativas giraban alrededor de dos objetivos que se suponía debían estar en la lógica presidencial al momento de plantear relevos en su equipo de trabajo. Por una parte, enviar un mensaje de sensibilidad ante la delicada coyuntura nacional e internacional con cambios en las dependencias primordiales de su gobierno en las cuales los resultados generados hasta el momento no son precisamente los más satisfactorios; es decir, las secretarias de Hacienda y Gobernación, cuyos titulares se mantienen intocados pese a que el primero no ha podido hallar la fórmula para impulsar la reactivación económica y, por el contrario, se ha dedicado a buscar en el exterior la justificación para explicar la falta de dinamismo, amén de que su principal resultado ha sido el incremento en 2 millones de personas la cifra de la población en condiciones de pobreza; mientras que el segundo ha fallado en forma exorbitante en el cumplimiento de su responsabilidad prioritaria vigilar casi personalmente la reclusión del narcotraficante más rico y peligroso del mundo, el cual se fugó de un penal de “máxima seguridad” con una maniobra que raya en lo fantástico.

Por otra parte, el segundo objetivo que se suponía debían cumplir los cambios era aterrizar en el equipo de trabajo del Primer Mandatario las palabras pronunciadas por él  mismo durante su visita a la sede nacional del PRI hace algunas semanas, en el sentido de reconectar al partido y a su gobierno con las demandas de los jóvenes, que son el sector mayoritario de la sociedad. Salvo por los casos de Aurelio Nuño (SEP) y Rafael Pacchiano (SEMARNAT), el resto de los nuevos secretarios y titulares de dependencias rebasa los cuarenta años de edad y se antoja difícil que puedan conectar con los más de veinte millones de jóvenes de entre 15 y 24 años.

De modo, pues, que estamos ante un escenario de altas expectativas no satisfechas debido a movimientos que se asemejan más a una rotación de personal que a ajustes estratégicos o “enroques” en un equipo de gobierno. Lo que es más, parecería que los movimientos obedecen a un reconocimiento por parte del Presidente a la meritocracia de personajes de segundo nivel que ahora se integran a su primer círculo de colaboradores no tanto por su probada capacidad de operación política, sino meramente burocrática.

Observados desde la perspectiva de la sucesión presidencial, los ajustes tampoco obedecen al propósito de ampliar el abanico de aspirantes a la candidatura del PRI; ni siquiera en el caso de la llegada de José Antonio Meade a la SEDESOL pues pese a ser un servidor público eficiente que ha logrado mantenerse en la nómina gubernamental de primer nivel durante dos sexenios consecutivos, carece de militancia priista, carisma y capacidad para comunicar. Pero, sobre todo, porque su arribo a esa cartera significa la reincidencia de este gobierno en el mismo error cometido en el pasado de colocar en esa dependencia a un perfil técnico sin mayor conocimiento de la problemática real que padecen los sectores más vulnerables de la sociedad.

Algo similar ocurre con la llegada de Aurelio Nuño a la SEP, institución --por cierto-- dejada a la mano de funcionarios multitasking (“chambistas sería la traducción coloquial) que lo mismo han sido aprendices de diplomáticos (Javier Treviño) que contralores de PROFECO (Alberto Curi). El arribo del “joven maravilla” del gobierno federal a la titularidad de esa dependencia, de cuya temática la revisión de su trayectoria curricular da cuenta de que sabe muy poco, prácticamente significa un triunfo para la visión mercantilista de la educación promovida por “Mexicanos Primero”, que tendrá en el nuevo secretario a un aliado en su objetivo de continuar debilitando a la figura magisterial así como en el de imponer su perspectiva en el diseño e implementación de los contenidos y las políticas educativas.

Por otra parte, la continuidad de Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio debe leerse como un mensaje al interior del PRI de que la alianza entre las elites partidistas del Estado de México e Hidalgo se mantiene vigente y no ha sido mermada en su hegemonía, pese a la salida de Emilio Chuayffet y Jesús Murillo.

Y si de alianzas se trata, el ascenso de Rafael Pacchiano desde una subsecretaria a la titularidad de SEMARNAT refrenda la connivencia con el Partido Verde y a través de éste con las televisoras.

En suma, los ajustes en el gabinete no fueron pensados e implementados para corregir y transformar sino para mantener la continuidad.


En uno de los pasajes más célebres de El gatopardo, Tancredo Falconeri recomienda a Don Fabrizio Corbera que “algo debe cambiar para que todo siga igual”. A juzgar por lo evidente, parece que –tristemente-- ésa es la lógica de los cambios anunciados por el Presidente y el sello particular del ejercicio de la política en este país.

El Imparcial, 30/08/2015.  

26 ago. 2015

Jacobo Zabludovsky y el terrible juicio de las redes sociales

Hace un par de semanas en una entrevista para el diario italiano La Stampa, Umberto Eco cimbró a la opinión pública global con una carga de profundidad al declarar que las redes sociales le han dado el derecho de hablar a “legiones de idiotas” que se sienten “portadores de la verdad” pontificando sobre prácticamente cualquier tema con la misma pretendida autoridad intelectual de un premio Nobel. Como era de esperarse, además de generar una intensa polémica, el autor de El nombre de la rosa fue sentenciado al escarnio público por esas mismas huestes que criticó con dureza.

Si bien sus palabras hicieron blanco justo en el centro de un fenómeno cada vez más frecuente y preocupante como lo es la presteza de las redes sociales para elaborar y difundir juicios poco sustanciales fundados en información tergiversada o tendenciosa, lo cierto es que también plantean entre líneas un debate en torno a los alcances de la libertad de expresión como punta de lanza de lo que podría considerarse como la democratización del conocimiento y de la propia información, que ha dejado de procesarse en las mesas de redacción de la prensa, en las oficinas de alguna agencia gubernamental o en los cubículos universitarios. Ahora es creada, modificada o inclusive eliminada en línea por comunidades virtuales de aficionados -que no necesariamente expertos- a diversos temas.

Lo anterior ha propiciado la creación de una multiplicidad de versiones de la realidad que lejos de cultivar el conocimiento y nutrir a la opinión pública lo distorsionan y la confunden, respectivamente; amén de fomentar una especie de absolutismo moral desde el cual también se juzga y condena a todo aquello que no comulgue con los valores de la versión de la realidad escogida.

Esto último es lo que ha sucedido recientemente en México con el lamentable fallecimiento de Jacobo Zabludovsky, personaje con claroscuros -como sin duda los tienen todos aquellos que han participado en la arena pública- pero ineludible en las futuras reconstrucciones históricas del México contemporáneo.

Apenas un somero asomo a las redes sociales es suficiente para notar cómo ese fenómeno denunciado por Umberto Eco se ha reproducido fielmente: cientos de usuarios de Facebook y Twitter formulando juicios ligeros y poco informados sobre un periodista que fue simultáneamente obra y artesano de su propio tiempo.

No se adelante el lector a concluir que el resto de las líneas de este texto son una apología de Zabludovsky en contra de las huestes de portadores de la verdad que lo han acusado de manipulador de la verdad y vocero oficioso de gobiernos poco o nada comprometidos con la libertad de expresión y la democracia, porque no es la intención; como tampoco lo es aportar combustible a la pira en la que su tribunal inquisitorio ha decidido condenarlo.

Más bien la intención es invitarlo a colocar al personaje en su tiempo histórico y formarse una opinión informada y equilibrada. Es cierto que como el único comunicador de alcance nacional en la etapa embrionaria de la televisión hizo mutis en muchos acontecimientos informativos; pero también lo es que desempeñó un rol fundacional en el periodismo profesional cuya enseñanza se instituyó a nivel universitario hacia los años cuarenta.

Por otra parte, la relación entre el periodismo y el poder tiene dos facetas: una de fiscalización y denuncia de los excesos de los gobernantes y otra de contubernio y ocultamiento de la información. A lo largo de su extensa trayectoria Zabludovsky conoció de cerca esas dos caras y fue precisamente su sensibilidad para identificar el momento de cambiar y su capacidad para rectificar, lo que lo mantuvo vigente hasta el momento de su partida.


Difícilmente habrá entre los cientos de sus inquisidores alguno que tenga esa habilidad y talento.

El Imparcial 05/07/2015 

Los retos de Ricardo Anaya

La elección de Ricardo Anaya como dirigente nacional del PAN ha tratado de presentarse ante la opinión pública por parte de la corriente interna de militantes que apoyaron su postulación, como una oportunidad de renovación, reordenamiento y rescate de la identidad que caracterizó a dicho partido durante muchos años. No obstante, ese optimismo está más forzado por el voluntarioso deseo de superar rápidamente la crisis que atraviesa ese organismo político con una fórmula simplona, que por factores objetivos cuyo análisis permita concluir que, efectivamente, el joven político queretano representa una opción reformadora y claramente opositora al Gobierno Federal.

Lo anterior porque una revisión apenas somera a la trayectoria pública de Anaya da cuenta de que el éxito de su carrera no está basado tanto en sus meritos y talentos personales, como en sus nexos con un grupo de militantes pragmáticos que han desempeñado roles protagónicos tanto en la organización interna del PAN, como en la administración pública y, recientemente, en la interlocución con el PRI-Gobierno para la negociación y aprobación de las llamadas reformas estructurales. De ahí que a diferencia de otros dirigentes nacionales de su partido como Felipe Calderón, Carlos Castillo Peraza o Luis H. Álvarez, Anaya carezca de una sólida formación ideológica y doctrinal, la cual ha sustituido con relativa eficacia explotando su condición y apariencia de juventud, como si ésta por sí sola fuera garantía de cambio y transformación cuando no necesariamente ocurre así. Piénsese por ejemplo en la figura de Manuel Velasco, el también joven gobernador de Chiapas militante del Partido Verde, quien en los comicios locales recientemente realizados en su estado demostró ser un experto conocedor de las peores prácticas antidemocráticas que prevalecieron en el país durante décadas.

Así pues, el supuesto distanciamiento de Anaya respecto a los personajes que lo formaron e impulsaron políticamente, tales como Gustavo Madero y Rafael Moreno Valle se vuelve inevitablemente objeto de suspicacia por más señales que envíe en sentido inverso a los militantes antagonistas a su novel liderazgo; como por ejemplo el intento de nombrar a Marko Cortés como coordinador de los diputados federales del partido, seguida de la aparente “rebelión” de los legisladores afines a Madero externando su deseo de que sea éste quien asuma la conducción del grupo parlamentario.

Si realmente hay en el denominado “joven maravilla” un ánimo transformador de su partido éste se verá cuando asuma tareas realmente apremiantes para limpiar la imagen del panismo, tales como el combate a los “moches” exigidos a gobernadores y alcaldes a cambio de gestionar recursos para el financiamiento de obras y programas durante la discusión del presupuesto de egresos; o bien, si apuesta por construir equilibrios internos incorporando en funciones directivas a grupos disidentes, como el encabezado por su adversario en la contienda por la dirigencia nacional, el senador Javier Corral. Esto, desde luego, si el canto de las sirenas de la sucesión presidencial no logra distraerlo de sus tareas como dirigente, pues de ser el caso caería en el mismo error cometido por dirigentes de otros partidos (Roberto Madrazo en 2006), quienes en lugar de reconstruir y unir para llegar en condiciones competitivas a la disputa electoral, dividieron y polarizaron anteponiendo sus aspiraciones personales al proyecto partidista.

Hace muchos años, cuando el PAN estaba en pleno proceso de tránsito de una oposición testimonial a otra que se había propuesto disputarle abiertamente el poder por la vía electoral al PRI, Carlos Castillo Peraza -probablemente el último líder estatura intelectual que tuvo el panismo- planteó a la militancia el dilema de ganar el poder sin perder el partido.

El periodo de alternancia de 2000 a 2012 y la crisis interna que siguió a la pérdida de la Presidencia de la República evidenció que los panistas fueron incapaces de lograr el propósito planteado por Castillo Peraza; es decir, ganaron el poder pero además de que supieron apenas muy poco sobre qué hacer con él, se perdieron a sí mismos en sus disputas facciosas.

Sin embargo, como las crisis son también oportunidades, Ricardo Anaya está ante la circunstancia de reencontrar a su partido consigo mismo para asumirse como una oposición crítica, fiscalizadora de la actuación gubernamental y promotora de la consolidación de la democracia en el país. No es una tarea fácil, desde luego, pero si en los horizontes que se ha trazado el joven dirigente está el ganar nuevamente el poder, debe ser consciente de que primero tendrá que ganarse al partido auténtico; es decir el de la militancia y no el de las elites cuyas sombras se ciernen hasta ahora sobre su figura.



De pasada: ¿A alguien le sorprende que la Secretaría de la Función Pública haya exonerado al Presidente y al secretario de Hacienda del posible conflicto de interés por sus inmuebles financiados por Grupo Higa?

El Imparcial 23/08/2015

El Partivo Verde y el INE, qué tanto es tantito

Es común que después de un proceso electoral -como el que tuvo lugar el pasado 6 de junio- los partidos políticos entren en una etapa de evaluación interna de su desempeño en función de los resultados obtenidos, seguida inmediatamente por los ajustes que consideren convenientes para emprender nuevas estrategias que les permitan alcanzar sus objetivos primordiales: ganar y conservar el poder, en el caso de los partidos gobernantes, y fiscalizar al gobierno y disputarle el poder, en el caso de los partidos opositores.

En México los principales partidos se encuentran en una fase de reacomodos con miras a la gran batalla electoral de 2018, en la que se disputará la Presidencia de la República. En ese horizonte se enmarcan los procesos de renovación de las dirigencias nacionales del PRI y el PAN, así como el ajuste de cuentas entre “las tribus” sobrevivientes del PRD, que exigen el sacrificio y sustitución de su actual dirigente nacional.

En los tres casos es notoria la precaria transparencia y equidad de las reglas para normar la sustitución de sus elites dirigentes, lo cual resulta irónico y paradójico pues los principales promotores de la democracia adolecen de métodos democráticos para conducir su vida interna.

Sin embargo esa circunstancia no es exclusiva de los grandes partidos, también ocurre y quizá en mayor grado entre los partidos medianos y pequeños, sólo que no es tan visible debido al poco interés mediático que suscitan esas organizaciones; o por lo menos así ocurría hasta antes de la desaseada emergencia del Partido Verde en la pasada contienda electoral, cuando emprendió una agresiva campaña publicitaria de posicionamiento de su marca-producto mucho antes de los tiempos marcados por la ley para el inicio formal de las campañas electorales.

Posteriormente, ya durante la campaña, vulneró la protección de los datos personales de cientos de miles de ciudadanos al enviarles aleatoriamente por correo postal diversos productos promocionales. Pero ahí no terminó su violación de las reglas de la competencia electoral, pues el día de las votaciones se valió de las cuentas en redes sociales de diversas figuras públicas para promocionar el voto a favor de sus candidatos.

Ante esa violación sistemática de la legislación electoral se hubiera esperado una respuesta enérgica por parte de la autoridad, en la que incluso la aplicación del castigo máximo para un partido infractor que es el retiro de su registro se percibía viable. Pero en vez de eso, el INE sentó un preocupante precedente de la interpretación y aplicación de la ley a voluntad de los consejeros, bajo la sombra de presiones y en respuesta a intereses particulares, lo cual vulnera el principio de autonomía del árbitro electoral.

En este sentido, el argumento esgrimido por el consejero presidente del INE, el mismo que fue exhibido en una conversación telefónica privada en la que se mofaba de un presunto líder indígena, es que el retiro del registro hubiera significado lesionar los derechos políticos de los militantes de dicho partido; sin reparar en que las acciones emprendidas por el Verde violaron el principio de equidad en la contienda. Y aunque el planteamiento es válido, la señal enviada a la sociedad es que la autoridad encargada de aplicar la ley puede torcerla y que no importa transgredirla, porque el castigo nunca será proporcional a la falta.


Eso representa un golpe a la legalidad, al desarrollo democrático y al Estado de Derecho. Pero en la lógica de los consejeros del INE, qué tanto es tantito. 

El Imparcial, 16/08/2015

10 ago. 2015

Beltrones; que siempre sí

Al ser entidades de interés público por disposición constitucional, lo que suceda en la vida interna de los partidos políticos es de incumbencia de todos los ciudadanos y no únicamente de sus militantes, pues además de financiar su funcionamiento con recursos provenientes de los impuestos cobrados por el fisco, son los puentes formales de comunicación entre la sociedad y sus gobernantes dentro del modelo democrático de representación política vigente en México.

De ahí que la inminente designación de Manlio Fabio Beltrones como próximo dirigente nacional del PRI sea un tema de alcance nacional. Y lo es no sólo porque su partido ostenta la Presidencia de la República, sino también porque es la primera fuerza política en todo el país al gobernar 20 estados y más de mil municipios en los que habita poco más del 60% de la población. Adicionalmente, es la organización partidista más longeva con 86 años de existencia ininterrumpida, contados a partir de la fundación del PNR en 1929.

Con estos datos en consideración se entiende con mayor claridad el rol estratégico de la dirigencia nacional del PRI como fuente e instrumento de poder. De ahí que el presidente Peña Nieto haya decidido recuperar una añeja regla no escrita del sistema político tan pronto como tomó posesión del cargo, según la cual el Jefe del Ejecutivo surgido de dicho partido debía ser su líder real e indiscutible. En esa lógica e impulsado por el bono de legitimidad obtenido en las urnas, operó para que César Camacho -perteneciente a su mismo grupo regional- asumiera la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en diciembre de 2012.

Sin embargo, pese a la creencia difundida y reproducida recientemente por muchos comentaristas en el sentido de que la toma de decisiones respecto al rumbo y la vida interna del PRI es facultad unipersonal del Presidente de la República, la realidad es mucho más compleja y precisa de un conocimiento más detallado del funcionamiento de los partidos políticos en general y de la evolución histórica del PRI en particular.

En primer término, los partidos no son organizaciones homogéneas. Ciertamente sus integrantes comparten objetivos comunes tales como ganar y mantener el poder, pero también tienen intereses particulares que promueven y defienden. Por tal razón, si bien ante sus adversarios se muestran como un bloque unido, al interior sus distintos grupos mantienen una permanente concertación y disputa por los espacios de dirección y administración en los que se deciden asuntos estratégicos como las políticas de alianzas, las plataformas electorales, la designación de los candidatos y el financiamiento de las campañas.
En segundo lugar, la evolución histórica del PRI tiene lugar desde una confederación de pequeños partidos regionales, controlados por caciques locales, hacia una organización de organizaciones que prácticamente englobó a todos los sectores sociales presentes en el país al término de la Revolución de principios del siglo XX. Durante esa etapa el partido sirvió como soporte social del nuevo régimen político que tenía en el Presidente de la República al árbitro de los conflictos surgidos entre tales sectores y entre los grupos políticos regionales.

En este sentido, la tarea principal del Presidente como árbitro era consultar y consensuar entre todos los sectores para tomar decisiones que permitieran administrar los conflictos o encontrarles salidas; para lo cual, además de tener un talento negociador, el jefe del Ejecutivo también disponía con un sistema de incentivos, recompensas y castigos muy efectivo.

A la luz de este sucinto panorama resulta ingenuo pensar que la llegada de Beltrones a la dirigencia del PRI fue una decisión unipersonal del presidente Peña Nieto, sin mediar consulta previa con los sectores del partido. De haber sido el caso, había un abanico de perfiles mucho más próximos a los afectos del primer mandatario del cual pudo haber escogido a uno para imponerlo, sustentado en su presunto poder absoluto al interior del partido sin encontrar mayor resistencia.

Sin embargo, a la luz del delicado momento que atraviesa el gobierno en términos de popularidad y percepción de eficacia de sus programas y acciones, el Presidente fue sensible a los signos de desgaste; de ahí que haya decidido respaldar la aspiración del operador político más experimentado de su partido, sobre todo mirando hacia 2016 y 2017 cuando se disputarán 14 gubernaturas, algunas de las cuales serán objeto de contiendas muy cerradas con la oposición (Chihuahua y Veracruz, por ejemplo).

Por otra parte, el arribo de Beltrones al mando del PRI debe leerse también como la posibilidad de abrir espacios en el partido y eventualmente en el gobierno a grupos internos que fueron desplazados o eclipsados por la alianza regional entre los priistas mexiquenses e hidalguenses que, de continuar esa situación, podrían propiciar que esos grupos marginados operen para partidos en los procesos electorales que se avecinan.

Por supuesto, la apertura de esos espacios también podría suponer la construcción de una red de alianzas y lealtades que eventualmente puedan respaldar la postulación de Beltrones como candidato presidencial. Pero esto último tendrá que pasar primero por la aduana de los resultados que entregue como estratega electoral. Al tiempo.

El Imparcial 09/08/2015

6 ago. 2015

Hacia el 2018: el PRI y la sucesión presidencial

Pese a que fue uno de los claros ganadores del pasado 7 de junio al lograr que dos cuadros de su círculo más cercano ganaran las gubernaturas de Sonora (Claudia Pavlovich) y Campeche (Alejandro Moreno) respectivamente, Manlio Fabio Beltrones ha optado por un bajo perfil mediático después de haber hecho pública su aspiración de asumir la dirigencia nacional del PRI.

 
Conocedor de las añejas reglas del juego en torno a la disputa por el poder -que pareciera retomaron fuerza y vigencia luego del retorno de su partido a la Presidencia de la República- probablemente Beltrones optó por obedecer aquella que dicta que en política hay tiempos para sumar, para sumarse y para sumirse; sin que esto último signifique que haya declinado a continuar operando su sobrevivencia política en un ambiente que le es hostil, debido a que sus adversarios dentro del PRI y principalmente dentro del Gobierno Federal lo perciben como un líder experimentado, inteligente, hábil y con la suficiente astucia como para proyectar su sombra incluso por encima de quien debería ser el dirigente natural del partido según lo estipulado por otra de esas arcaicas reglas, es decir, el Presidente de la República.

 
De ahí que el anuncio de sus aspiraciones políticas coloque al presidente Peña y a sus asesores en la difícil disyuntiva de, o sacar de circulación a un activo que tan buenos servicios prestó al Ejecutivo para sacar adelante en el Congreso su agenda reformadora sin mayores contratiempos y con los más amplios consensos posibles, o bien, dejarlo pasar hacia la dirigencia nacional del partido, con el consabido riesgo de que ese movimiento significaría compartir con él el control de la sucesión presidencial en 2018 o incluso permitirle construir su propia candidatura presidencial como en su momento lo hiciera Roberto Madrazo.

 
Y es que a últimas épocas las dirigencias nacionales de los partidos dejaron de ser instancias meramente burocráticas de arbitrio entre los diferentes grupos internos en disputa por diversos cargos de representación, para convertirse en plataformas de proyección personal e instancias de negociación y construcción de acuerdos con las demás fuerzas políticas para reproducir su propia hegemonía (lo que comúnmente se ha dado en llamar partidocracia).

 
De manera particular, en el caso del PRI la presidencia de su Comité Ejecutivo Nacional pasó de ser un instrumento empleado por el Presidente de la República en turno para articular el apoyo social y político a su programa de gobierno y administrar la carrera política de los principales cuadros del partido mediante la disciplina y la lealtad con miras a la sucesión, a una instancia privilegiada de interlocución con el gobierno federal desde una posición opositora durante la etapa de la alternancia (2000-2012).

 
Y fue precisamente en esa etapa en la que Beltrones logró relanzar su trayectoria política -congelada durante el sexenio de Ernesto Zedillo- negociando con los gobiernos panistas acuerdos que abonaron a la gobernabilidad en etapas tan críticas como la que prevaleció después del proceso electoral de 2006.

 
El regreso del PRI a la Presidencia de la República en 2012 propició nuevamente la supeditación de la dirigencia nacional hacia la figura del jefe del Ejecutivo, tal como fue demostrado con la elección de Pedro Joaquín Coldwell al frente del partido en 2011 y su relevo al año siguiente en la figura de César Camacho.

 
La eventual llegada de Beltrones a esa posición no sólo lo colocaría en el centro de la atención mediática dado su prestigio personal, sino también en la posibilidad de tejer territorialmente una red de lealtades políticas a la luz de los procesos electorales que se avecinan en el camino hacia 2018, en los que estarán en juego 15 gubernaturas, cientos de diputaciones locales y cerca de un millar de cargos municipales.

 
Eso lo saben muy bien sus adversarios y el propio Beltrones, hijo político y principal pupilo del legendario fundador de la inteligencia civil en México -don Fernando Gutiérrez Barrios- sabe que lo saben. De ahí la cautela con la que se ha conducido durante las últimas semanas.

 
Así las cosas, lo cierto es que el todavía coordinador de los diputados federales del PRI tiene el suficiente capital político y capacidad negociadora para poder acordar personalmente con el presidente Peña su llegada a esa posición.

 
En los próximos días veremos si echa mano de esos recursos.

El Imparcial, Julio 2015.

En la política como en el fútbol...

Un espacio de opinión dedicado al análisis político de coyuntura -como pretende ser éste- no debería ocuparse de un asunto tan baladí como la agresión de un entrenador de fútbol a un comentarista deportivo, porque en principio es un tema más propio de las notas de espectáculos que de la escena política. Aunque hay que reconocer, no sin tristeza y preocupación, que muchas veces la política ofrece más espectáculo que la farándula televisiva o deportiva.

Sin embargo cuando se observa más allá de la superficie del hecho noticioso aludido, es posible identificar el nivel de repercusión y diseminación del fenómeno de la violencia en México; particularmente la ejercida en forma sistemática en contra de los periodistas desde hace cuando menos una década. Es entonces cuando algo aparentemente frívolo adquiere relevancia analítica, pues las amenazas, los intentos de censura y las agresiones son expresiones de intolerancia y represión de la libre expresión, que es uno de los derechos esenciales para la construcción de una sociedad democrática.

Y es que, en efecto, hay un elemento de fondo más allá de la conjetura simplista de que la agresión del director técnico de la Selección Nacional de fútbol, Miguel Herrera, en contra de Christian Martinoli, comentarista deportivo de TV Azteca, es un distractor para desviar la atención de la opinión pública de problemas tan apremiantes como la corrupción que posibilitó la fuga de Joaquín Guzmán, el rumbo errático de la economía reflejado en la inestabilidad del tipo de cambio o la pauperización social (2 millones de nuevos pobres en lo que va del sexenio, según el CONEVAL). Se trata de la actitud poco tolerante a la crítica de la gran mayoría de los personajes públicos en México, sean éstos políticos, empresarios, deportistas, escritores, músicos, similares y/o conexos; los cuales infieren con una mentalidad bastante primitiva que su sola condición de popularidad o celebridad los hace admirables y hasta venerables, pero intocables y casi que infalibles.

Este fenómeno además de encontrar obvia explicación en el autoritarismo en el que fueron formados y a cuya reproducción aportan con sus comportamientos, también se explica por la persistencia de una práctica cultural a lo largo del tiempo en ese complejo universo nacional que alguna vez Guillermo Bonfil Batalla denominara como México profundo. Y es que como resultado de la mezcla entre el animismo y el naturalismo prehispánicos con el catolicismo pueblerino de los conquistadores españoles, nuestro mestizaje dio cabida y contribuyó a la consolidación del culto a los ídolos, colocándolos en pedestales e incluso dedicándoles una fiesta anual. Esta idolatría, según las principales corrientes de interpretación psicoanalítica, constituye el cimiento sobre el que se asienta un tipo de sociedad tradicional, sumisa, reverente y temerosa.

Extrapolado este supuesto a la realidad mexicana tenemos como resultado una especie de Olimpo de ídolos seculares, déspotas e intolerantes que son venerados por amplios sectores de una sociedad cuyos integrantes apenas si ejercen tímidamente sus roles individuales como ciudadanos, consumidores o aficionados.

De ahí que todo sea tolerado, soportado perdonado y olvidado, pues exigir y reclamar son, en esa perspectiva, actos sacrílegos. Eso explica nuestro pobre desarrollo político y la ínfima preparación de nuestra clase dirigente (cuya forma de ejercer el poder podría catalogarse no sin cierta sorna como mirreyismo). Ya no se diga la deplorable calidad de los contenidos de nuestros medios de comunicación, especialmente la televisión, y el pésimo desempeñó de los representativos nacionales en las competencias deportivas.

Pero más importante aún, la idolatría y la zalamería en torno a ella construida explican la intolerancia hacia la crítica y la denuncia, que son vistas como un sacrilegio inaceptable que debe ser castigado. Ahí está el germen de la violencia. Por eso en la política como en el fútbol, en los negocios, en la cultura, etcétera, tenemos a los representantes que merecemos; no como una suerte de condena, sino como resultado de nuestra propia herencia cultural.

Sin embargo no se trata de un destino manifiesto al que estoicamente haya que resignarse, pues precisamente la crítica y la denuncia periodísticas son los instrumentos adecuados para derruir los cimientos de esa sociedad reverencial que no exige, no participa y no discute. Por eso hay que condenar la violencia en contra de los periodistas, sean estos de la fuente que sea y por el motivo más trivial que parezca.

Al final, despojados de su aurea de devoción, los presuntos ídolos son hombres y mujeres falibles; pero sobre todo personajes públicos cuyas acciones, omisiones, acciones y comportamientos en la esfera pública impactan en el ánimo y la vida cotidiana de la colectividad. Por eso su desempeño debe ser sometido al escrutinio y sus excesos tienen que ser exhibidos. El periodismo y ahora también las redes sociales desempeñan esta función. Es nuestra tarea respaldarla si queremos superar la idolatría, la violencia y el autoritarismo, para avanzar hacia la construcción de una sociedad más crítica, exigente y democrática.

Voy a regresar

Después de muchos meses sin actividad en este espacio y por aclamación de mi club de fans, voy a regresar.

Sólo que ahora en lugar de publicar las estupideces habituales reproduciré aquí las estupideces que un diario de un estado del suroeste del país me hace el favor de difundir entre sus lectores; razón por la cual aprovecho este casi anónimo espacio para ofrecerles una sentida disculpa a esos lectores y pedirles que no me guarden rencor y no me declaren persona non grata, pues las playas de ese estado me gustan mucho, así como su comida y en general toda su cultura.

Aunque ha pasado ya demasiado tiempo, me da gusto que aun haya quien se tome unos minutos de su valioso tiempo para leer las sandeces que en otros tiempos escribí copiosamente en este espacio...

... creo que ya escribo como chavo-ruco; aunque chavito precisamente ya no soy. Supongo que en algún momento, como les sucede a las frutas, yo también maduré.

En fin, que si aun hay alguno de los otrora habituales que todavía se eche sus vueltas por acá para ver si hay alguna nueva entrada, le envío un cálido saludo y las infinitas gracias por su persistencia. Sólo espero que no me envíe la cuenta de su terapeuta por concepto de daño neuronal.

Sí; sigo vivo y espero retomar gradualmente este espacio.

Saludos