22 ago. 2010

Legalizar o no legalizar ¿esa es la cuestión? II

La violencia asociada al narcotráfico se explica en gran medida por el hecho de que no existe una autoridad que se ubique por encima de los agentes en competencia para imponer reglas mínimas y sanciones a prácticas anticompetitivas. Esa autoridad, en el caso de las actividades económicas legales, es alguna instancia reguladora como la Comisión Federal de Competencia, que se encarga de vigilar que los oferentes de bienes y servicios en los diferentes mercados interactúen en una atmosfera de relativa paridad, a fin de que sean los consumidores quienes dedican por cuál opción optar.  

Descabezados y "cocinados". Un caso de violencia patológica.


No obstante, es necesario no perder de vista que la legalización no implica que la debilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, así como su falta de coordinación y la torpeza de sus operadores para ejecutar programas, políticas y estrategias preventivas, sean subsanadas automáticamente. Al respecto, la insistencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno en endosar a la delincuencia organizada los problemas de inseguridad y descomposición del tejido social es un recurso bastante burdo para ocultar o justificar su incapacidad para afrontar un problema que ha transitado desde lo meramente coyuntural, hacia una dimensión estructural; esto es, que la inseguridad y los niveles de violencia ya no se explican solamente por la necesidad de las personas de delinquir para sobrevivir, pues fenómenos como los de el “Mochaorejas” y el “Pozolero” son indicadores de que algo se descompuso profundamente en el seno de la sociedad, al punto de generar individuos cuyo nivel de saña y resentimiento son tan patológicos como paradigmáticos.

Ellos deberían de garantizar la seguridad pública.

De manera pues, que inseguridad pública y narcotráfico si bien son dos problemas íntimamente relacionados, tienen dimensiones distintas; de ahí que pensar que la legalización de los estupefacientes puede ser una solución para la inseguridad y la violencia resulta ingenuo. Para ese problema son necesarias otras estrategias de carácter social y no meramente policíaco, como obtusamente se empeñan en proponer el gobierno Federal y la gran mayoría de los gobiernos estatales.

Y como el tema da para mucho más, seguiremos analizándolo por entregas. Por el momento presento aquí algunos datos de las dimensiones económicas del narcotráfico y de la viabilidad de legalizarlo, no sin antes poner énfasis en la importancia de que en la actualidad existen las condiciones para debatir el tema. De manera que legalizar o no legalizar no es la cuestión; sino más bien si la clase política estará dispuesta a asumir ese costo y transformarlo en una ganancia para el futuro próximo.

Numeralia de la dimensión económica del narcotráfico:

-Según cifras dadas a conocer por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las ganancias anuales del narcotráfico en México son de entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, con la participación aproximada de 450 mil personas, de las cuales 150 mil participan directamente (distribución y comercialización) y 300 mil en forma indirecta (actividades de producción); esto sin contar a las redes de informantes (“halcones”) y menudistas (propietarios de las “tienditas”).

-Para situar en una dimensión comparativa lo que significan las ganancias económicas provenientes del narcotráfico, es preciso tener en cuenta que los ingresos por remesas son del orden los 21 mil millones de dólares; mientras que los ingresos por turismo oscilan entre los 11 mil y 12 millones de dólares.

-La producción anual promedio de mariguana en el país es de entre 16 mil y 18 mil toneladas, orientadas al mercado norteamericano; mientras que la producción de heroína es de 18 toneladas.

- De acuerdo a Guillermo Garduño Valero, investigador de la UAM, las estimaciones oficiales de las ganancias son demasiado conservadoras, pues “producir un kilo de cocaína pura en términos reales, si esto fuera legal, sería de aproximadamente unos 250 dólares, pero en Colombia donde se genera el mayor volumen, allí tendría un valor de 2,500 dólares, cuando llega a Panamá ya tiene un costó de 4,500 dólares, cuando llega a Guatemala ya tiene un valor de 11 mil, llegando a México de 16 mil, llegando a la frontera de 35 mil y llegando al mercado norteamericano al menudeo se obtiene una utilidad de 132 mil dólares”.

-Ante este panorama una pregunta obligada es: ¿dónde se convierte este dinero ilícito en “gaancias lícitas”? ¡Exacto! En el sistema financiero. La siguiente pregunta entonces es: ¿quiénes controlan el sistema financiero? Así es: los grandes corporativos como Citigroup, Barclays y Deutsche Bank que tienen capacidad para presionar a las autoridades hacendarias de los respectivos países en los que tienen operaciones. Cuando el supuesto combate al narcotráfico llegue hasta aquí, entonces tendremos razones de peso para creer que es real.  

21 ago. 2010

Legalizar o no legalizar ¿esa es la cuestión? I



Desde hace algunos años el tema de la legalización de las drogas duras en México ha estado presente en el debate sobre las políticas y estrategias adecuadas para combatir a los grupos delincuenciales que lucran con su producción y trasiego.


Se trata de una propuesta polémica debido a la enorme carga moral que se le ha dado al problema del narcotráfico, asociado con niveles de violencia que han escalado en forma tan alarmante, que según los últimos datos de los organismos de seguridad pública, de 2006 a la fecha han producido más de 28 mil muertes, entre las que se cuentan altos oficiales del Ejército, autoridades locales de procuración de justicia y recientemente un candidato a Gobernador de un estado del norte del país donde dicha actividad ha proliferado con más intensidad debido a la cercanía del mayor mercado de consumo a nivel mundial, que es Estados Unidos.

Si bien violencia y narcotráfico son dos problemas estrechamente asociados, en la actualidad resulta difícil distinguir cuál de los dos ha sido el que mayores estragos ha causado en el deterioro del tejido social, o si más bien ambos son resultado de este proceso, cuya gestación inició cuando menos hace 25 años, con el cambio del modelo económico que en teoría debería de impulsar el crecimiento y el desarrollo.

Desde luego yo no soy experto en el tema, ni pretendo pasar como tal, pero las observaciones que expondré a continuación respecto a la legalización de los narcóticos no precisan de un amplio conocimiento y sí más bien de un mínimo de sentido común y nociones lógicas.

Así pues, el primer problema que se observa en la falla de las estrategias que hasta ahora se han aplicado en el presunto combate al narcotráfico y sus problemas adyacentes, es la visión moral desde la que se concibe y evalúa a esa actividad, porque le confiere una valoración negativa y hasta estigmatizante a quienes se dedican a ella, cuando en realidad se debería de cambiar la perspectiva y entender que se trata de un problema fundamentalmente económico, asociado a la ineficacia distributiva del modelo de crecimiento prevaleciente, que no ha generado las oportunidades de movilidad social suficientes para que los individuos de diferentes regiones del país puedan subsistir y prosperar dentro de los cauces de lo legalmente aceptable.

Si se dejara de caracterizar a las personas que participan en la cadena productiva de los narcóticos como agentes desestabilizadores del sistema social (en el que están incluidas la política y la economía) y se les comenzara a observar como agentes económicos activos y relativamente exitosos, la situación cambiaría radicalmente, porque entonces se entendería que lo que hace tan atractiva y arriesgada a su actividad comercial es la alta rentabilidad que genera, aunque aquí cabría precisar que los beneficios de ésta no se reparten necesariamente en forma equitativa o proporcional al trabajo realizado por cada uno de los elementos que intervienen en la producción, si no que, como ocurre en otras actividades económicas legales relacionadas con el agro, las mayores ganancias las obtienen los intermediarios y no los productores.

Así por ejemplo, si en las condiciones actuales de prohibición de la producción, distribución y venta de los diferentes tipos de drogas, lo que les agrega plusvalía como productos son los costos logísticos necesarios para que lleguen al consumidor final, la intercepción de un cargamento cuyo valor estaba calculado en 500 mil pesos, muy probablemente se incremente en forma considerable para el mercado receptor en la siguiente entrega debido a estos factores: a) la escasez y las dificultades implícitas en la producción; b) su nivel de demanda; y c) la exploración nuevas rutas de transporte o la corrupción de las autoridades y corporaciones policíacas encargadas de combatir el trasiego y evitar su distribución.

Bajo esta lógica cabría entonces preguntarse si el supuesto combate al narcotráfico realmente pretende mitigar el problema o, por el contrario, maximiza sus beneficios económicos a costa del deterioro de una de las pocas instituciones del Estado que se habían mantenido relativamente sólidas, estables y prestigiadas, como lo es el Ejército, cuya oficialidad además de ser susceptible de ser corrompida, al permanecer durante prolongados periodos de tiempo en las calles puede tejer redes sociales que en un momento dado le otorgarían su respaldo en la organización y ejecución de un golpe de Estado, por muy dramático o exagerado que esto pueda parecer; o en el extremo opuesto, que la sociedad le retire su apoyo y simpatías a causa de los excesos en los que incurra debido al cumplimiento de funciones que deberían de desempeñar corporaciones civiles de seguridad pública.

El anterior es uno de los tantos argumentos que pueden emplearse para impulsar la legalización de la producción, distribución y venta de narcóticos, tales como la mariguana y los derivados de los opiáceos.  Además de que en términos de racionalidad administrativa, es mucho mayor el costo que el Estado eroga en el mantenimiento de una estrategia reactiva que no ataca al punto medular del problema, que son las cuantiosas ganancias que dichas actividades económicas generan, que el que implicaría legalizar sus operaciones y su consumo.